Enrique Campos Suárez
Es un peligro que existan autoridades que compren los chantajes con tanta facilidad. No puede el Secretario del Trabajo reconocer a Martín Esparza como Secretario del Sindicato Mexicano de Electricistas.
¿Qué hubiera sucedido si el cálculo al momento del operativo militar de ayer en Zapopan hubiera sido que con la detención o muerte de Nacho Coronel se hubiera exacerbado la violencia?
Seguro que si les da miedo la reacción posterior de las bandas organizadas no hacen ningún operativo, es más, no desatan ninguna guerra contra el crimen organizado.
Y seguro que si al gobierno de Felipe Calderón le hubiera dado miedo la reacción de un sindicato violento como el Mexicano de Electricistas, seguro que desde un principio no se mete a realizar la mejor faena del sexenio: la extinción de uno de los peores cánceres de las finanzas públicas.
Pero lejos de tener temor y hacer lo mismo que hicieron todos los anteriores: heredar el problema, el gobierno de Calderón le entró. Entre otras cosas porque vio en su Secretario del Trabajo a un personaje capaz de llevar a cabo de manera ordenada y legar este proceso tan complicado.
Sabía que la reacción sería violenta, desproporcionada, pero nunca incontrolable si se mantenía el espíritu de la ley y si sabían comunicar adecuadamente las ventajas de acabar con el robo de Luz y Fuerza del Centro.
La oferta de liquidar tan generosamente a los extrabajadores fue una muy buena jugada de las autoridades, altamente injusta con el resto de los trabajadores que tienen que enfrentar liquidaciones muchas veces injustas, pero proporcional al tamaño de la pérdida que tenía el país.
Si la acción ya había sido correctamente ejecutada, si los policías federales que habían sido asignados a esta misión ya habían regresado en su mayoría a sus agrupamientos, si muchos extrabajadores de Luz y Fuerza ya estaban con sus nuevos trabajos vigentes o con sus trabajos independientes funcionando, ¿para qué recular?
No hay manera, no se puede, es imposible que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, bajo la conducción de Javier Lozano Alarcón, le otorgue el reconocimiento a Martín Esparza Flores como Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Si esa dependencia aplica la ley, como nos tiene acostumbrados, no hay forma de que se le otorgue la toma de nota a una dirigencia que se ha encargado de violar la ley laboral, el código penal y los propios estatutos del SME.
Eso de la toma de nota es una tomada de pelo que alguien inventó y que si se sigue alimentando esa posibilidad no acabará sino por complicar más el panorama político de la decisión que más positivamente había marcado al gobierno actual.
No es moneda de cambio la ley, no debería ser en la administración de un Presidente que no ha cumplido con la creación de empleos, al que le tocó la gran recesión mundial, al que lo que mejor le identifica es declarar la guerra a la ilegalidad del crimen organizado.
Ahora, si la instrucción es otra. Si la ley estorba, pues claro que será posible que Esparza sea lo que quiera ser y que reciba los recursos que quiera y que haga lo que quiera.
Los huelguistas de hambre gozan, todos, de cabal salud. No hay uno solo, ninguno, que tenga la más mínima consecuencia de pasar 90 días “sin comer”. En Cuba, Orlando Zapata murió tras 85 días de huelga de hambre. En México, Cayetano salió caminando rumbo a su casa tras 89 días.
Es un peligro tener autoridades que se compren los chantajes con tanta facilidad. Porque no se trata de la toma de nota de un dirigente de un sindicato que ni siquiera tiene empresa. Se trata de doblar las manos ante el chantaje, ante la más mínima presión.
Si ése es el camino a seguir por parte del gobierno federal en lo que le queda a esta administración, estamos en peligro. Porque no faltará el grupo con un poquito de apoyo del gobierno de la ciudad de México, como el SME, o de algún otro grupo que doble a la administración de Calderón para conseguir lo-que-sea.
Se tomó una decisión con LFC. Es condición indispensable que se mantenga con firmeza el gobierno federal en lo hecho. De lo contrario, el costo será enorme.
No a la toma de nota de una dirigencia ilegal. Porque eso sería tanto como tomarle el pelo a toda una sociedad que espera que en algún momento su suerte de impunidad constante cambie.
EL ECONOMISTA
Viernes, 30 de julio de 2010.
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