Dar oportunidad de empleo en la economía formal a nuestros jóvenes, más allá de un deber ético, es una responsabilidad de la mayor importancia, generar riqueza con ellos y acumular ahorros para su retiro, es una ruta necesaria. Por si fuera poco, la expectativa de vida crece rápidamente y en unos años más serán millones los dependientes económicos y los retirados que requerirán de recursos suficientes para vivir dignamente. El país ha caído en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, buena parte de ello se explica por la bajísima calificación que se nos otorga en cuanto a la eficiencia del mercado laboral, pilar en el que nos ubicamos en el lugar 120 de 139 países, más aún, en México se trabaja en horas del día como en casi ningún otro entre las naciones que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), pero es el más bajo por cuanto a productividad laboral se refiere.
La tasa de desocupación de los jóvenes, de entre 14 y 24 años, es prácticamente el doble de la Población Económicamente Activa; el salario promedio es de alrededor de 7,200 pesos mensuales, son mayores de 40 años uno de cada cuatro desempleados y los juicios laborales individuales duran 38 meses en promedio, mientras trascurre un juicio se acumulan los salarios vencidos (caídos se les llama) que tienen que ser pagados por las empresas en adición a la indemnización legal correspondiente; obviamente , la dilatación artificial de los juicios es un incentivo perverso de abogados laboralistas igualmente perversos. A la mujer se le sigue exigiendo como requisito para entrar a trabajar, para permanecer o para ascender en el empleo un certificado de ingravidez; mientras que tres de cada cuatro personas con discapacidad, en edad de trabajar, no tiene empleo formal. Cierto es que éste ha sido un año muy bueno, en cuanto a la generación de empleos se refiere, con todo no alcanza para las necesidades y demandas de la gente.
Y mientras eso pasa, las multas máximas previstas en ley son, como máximo, de poco más de 18,000 pesos. Sale, pues, más barato violar la ley inescrupulosamente en aras del negocio mercantil. Así pues, el diagnóstico está claro. No podemos seguir así. México tiene prisa de cambiar y hacer más accesible el empleo en la economía formal para sus jóvenes, mejorar el salario con base en la productividad, acelerar y transparentar la justicia laboral, garantizar equidad a grupos vulnerables y hacer cumplir la ley con todo rigor. De ahí que la reforma laboral plantee nuevas modalidades de contratación para entrar al mercado formal de trabajo, con seguridad y previsión social; adoptar fórmulas de productividad para mejorar el salario, asegurar condiciones no discriminatorias para los grupos vulnerables, agilizar los juicios laborales y reforzar los mecanismos de inspección y sanción que contribuyan a un mayor respeto al imperativo de legalidad. Está en manos del Congreso de la Unión aprobar esta trascendental reforma. No se trata de vulnerar derechos laborales, sirio de facilitar el acceso al empleo, aumentar la productividad laboral, reforzar el trabajo decente y, en suma, ganar en competitividad. No hay empleo sin inversión, no hay inversión sin competitividad, no hay competitividad sin un mercado laboral eficiente; no hay mercado laboral eficiente sin un marco jurídico flexible y no hay mejora salarial sustentable sin productividad laboral. El tiempo llegó. Venga la reforma laboral. PERIÓDICO EL ECONOMISTA.